Cambios en la Evaluación Crediticia en el Ámbito Laboral: ¿Un Paso Hacia la Igualdad de Oportunidades?
El pasado sábado 25 de noviembre, se promulgó la ley N° 31944 , marcando un hito significativo en la regulación del uso del reporte de créditos de los postulantes a empleos en Perú. Esta nueva legislación, aprobada tras la insistencia del Congreso, tiene como objetivo principal eliminar la discriminación basada en la calificación crediticia de los candidatos durante procesos de selección.
La ley establece claramente que el reporte de crédito, como el proporcionado por Infocorp, ya no puede ser motivo de exclusión o descalificación de un postulante en ninguna etapa del proceso de convocatoria. Esto representa un paso adelante en la lucha contra la discriminación en el ámbito laboral. Sin embargo, un aspecto clave de la nueva legislación permite a las empresas seguir revisando el reporte de riesgo crediticio de los candidatos, siempre y cuando cuenten con la autorización explícita por escrito de los postulantes; dejando preguntas sobre la efectividad real de la ley y las posibles lagunas en su implementación.
La intención de la ley es positiva al eliminar barreras para acceder al empleo; sin embargo, la redacción actual podría resultar en un escenario contrario, dado que las empresas podrían exigir el consentimiento de los candidatos para revisar su historial crediticio, poniendo a los postulantes en una posición de vulnerabilidad; por otro lado, en algunos casos, conocer la situación financiera del postulante podría ser crucial, especialmente para roles que impliquen manejo de dinero y personal de alta confianza.
La normativa también establece que ciertos empleadores, específicamente aquellos relacionados con entidades supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, tienen la autorización para descalificar a un candidato basándose en su calificación crediticia. Esto plantea dudas y críticas sobre la equidad de estas disposiciones, especialmente en puestos vinculados a las finanzas y la contabilidad.
En síntesis, la nueva ley busca limitar el uso discriminatorio de los informes crediticios en el proceso de selección de empleados. Aunque ofrece un avance positivo al requerir el consentimiento explícito de los candidatos, también plantea desafíos y preguntas sobre la eficacia real de la medida y la equidad en su aplicación. La vigilancia y evaluación continua de su impacto en el ámbito laboral serán cruciales en los próximos meses.
